AYUNTAMIENTO DE QUITA CORAZA

Trabajando por el bien de todos

domingo, 25 de septiembre de 2011

REGLAMENTO 130-05


REGLAMENTO 130-05

Reglamentos 130-05

LEY Nº 200-04
GENERAL DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA
de 28 de julio del 2004
EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la República
CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República Dominicana en su
Artículo 2 establece que: “La soberanía nacional corresponde al pueblo,
de quien emanan todos los Poderes del Estado, los cuales se ejercen por
representación”.
CONSIDERANDO: Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos
(Naciones Unidas 1948) en su Artículo 19 establece que: “Todo individuo
tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye
el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir
informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por
cualquier medio de expresión”
CONSIDERANDO:  Que  el  Artículo  8,  Inciso  10  de  la  Constitución  de  la
República establece que: “Todos los  medios de información tienen libre
acceso a las fuentes noticiosas oficiales y privadas, siempre que no vayan
en contra del orden público o pongan en peligro la seguridad nacional”.
CONSIDERANDO: Que el Artículo 13 de la Convención Interamericana
sobre Derechos Humanos ( Pacto de San José de Costa Rica), ratificada
por la República Dominicana, mediante Resolución No. 739, de fecha 25
de diciembre de 1977, establece que: “Toda persona tiene derecho a la
libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad
de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma
impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.
CONSIDERANDO: Que el Pacto Internacional  de los Derechos Civiles y
Políticos, ratificado mediante la Resolución 684, de fecha 27 de octubre de
1977, establece que: El ejercicio del derecho de investigar y recibir
informaciones y opiniones y el de difundirlas, entraña deberes y
responsabilidades especiales; y que por consiguiente, puede estar sujeto a
ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas
por la ley y ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la
reputación de los demás y la protección de la seguridad nacional, el
orden público o la salud o la moral públicas. -2-
CONSIDERANDO: Que el precitado Pacto Internacional de los Derechos
Civiles y Políticos en su Parte II, Numeral 2, establece que: cada Estado
Parte se compromete a adoptar,  con arreglo a sus procedimientos
constitucionales y a las disposiciones del mismo Pacto, las medidas
oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que
fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en él y
que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro
carácter.
CONSIDERANDO: Que el derecho de los individuos a investigar y recibir
informaciones y opiniones y a difundirlas está consagrado como un
principio universal en varias convenciones internacionales, ratificadas por
la República Dominicana, razón por la cual el Estado está en el deber de
garantizar el libre acceso a la información en poder de sus instituciones.
CONSIDERANDO: Que conforme a lo que establece el Párrafo del Artículo 3
de nuestra Constitución: “la República Dominicana reconoce y aplica las
normas del Derecho Internacional general y americano en la medida en
que sus poderes las hayan adoptado....”.
CONSIDERANDO: Que, según establece el Artículo 8 de la Constitución de
la República, la finalidad principal del Estado es la protección efectiva de
los derechos de la persona humana y el mantenimiento de los medios que
le permitan perfeccionarse progresivamente dentro de un orden de
libertad individual y de justicia social, compatible con el orden público, el
bienestar general y los derechos de todos.
CONSIDERANDO: Que el derecho de acceso a la información
gubernamental es una de las fuentes de desarrollo y fortalecimiento de la
democracia representativa en tanto permite a los ciudadanos analizar,
juzgar y evaluar en forma completa  los actos de sus representantes, y
estimula la transparencia en los actos del Gobierno y de la Administración.
CONSIDERANDO: Que para garantizar el libre acceso a la información
pública se requiere de una ley que reglamente su ejercicio y que, entre
otras cosas, establezca las excepciones admitidas a este derecho universal
para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la
seguridad nacional o el orden público.
VISTA la Constitución de la República Dominicana en sus Artículos 2, 3,y 8;
VISTA la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Naciones Unidas
1948);
VISTO el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
VISTO el Artículo 13 de la Convención Interamericana sobre Derechos
Humanos (Pacto de San José de Costa Rica).  -3-
HA DADO LA SIGUIENTE LEY
GENERAL DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA
CAPITULO I
DERECHO DE INFORMACIÓN Y DE ACCESO A LOS EXPEDIENTES Y ACTAS DE
CARÁCTER ADMINISTRATIVO
Artículo 1.-  Toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir información
completa, veraz, adecuada y oportuna, de cualquier órgano del Estado
Dominicano, y de todas las sociedades anónimas, compañías anónimas o
compañías por acciones con participación estatal, incluyendo:
a) Organismos y entidades de la administración pública centralizada;
b) Organismos y entidades autónomas y/o descentralizados del Estado,
incluyendo el Distrito Nacional y los organismos municipales;
c) Organismos y entidades autárquicos y/o descentralizados del Estado;
d) Empresas y sociedades comerciales propiedad del Estado;
e) Sociedades anónimas, compañías anónimas y compañías por acciones
con participación estatal.
f) Organismos e instituciones de derecho privado que reciban recursos
provenientes del presupuesto nacional para la consecución de sus fines.
g) El Poder Legislativo, en cuanto a sus actividades administrativas.
h) El Poder Judicial, en cuanto a sus actividades administrativas.
Artículo 2.- Este derecho de información comprende el derecho de
acceder a las informaciones contenidas en actas y expedientes de la
administración pública, así como a estar informada periódicamente,
cuando lo requiera, de las actividades que desarrollan entidades y
personas que cumplen funciones públicas, siempre y cuando este acceso
no afecte la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral
públicas o el derecho a la privacidad e intimidad de un tercero o el
derecho a la reputación de los demás. También comprende la libertad de
buscar, solicitar, recibir y difundir informaciones pertenecientes a la
administración del Estado y de formular consultas  a las entidades y
personas que cumplen funciones públicas, teniendo derecho a obtener
copia de los documentos que recopilen información sobre el ejercicio de
las actividades de su competencia, con las únicas limitaciones,
restricciones y condiciones establecidas en la presente ley. -4-
Párrafo: Para los efectos de esta ley se entenderá por actas y expedientes
a todos aquellos documentos conservados o grabados de manera escrita,
óptica, acústica o de cualquier otra  forma, que cumplan fines u objetivos
de carácter público. No se considerarán actas o expedientes aquellos
borradores o proyectos que no constituyen documentos  definitivos y que
por tanto no forman parte de un procedimiento administrativo.
Publicidad
Artículo 3.- Todos los actos y actividades de  la  Administración  Pública,
centralizada y descentralizada, incluyendo los actos y actividades
administrativas de los Poderes Legislativo y Judicial, así como la
información referida a su funcionamiento estarán sometidos a publicidad,
en consecuencia, será obligatorio para el Estado Dominicano y todos sus
poderes y organismos autónomos, autárquicos, centralizados y/o
descentralizados, la presentación de un servicio permanente y actualizado
de información referida a:
a) Presupuestos y cálculos de recursos y gastos aprobados, su evolución y
estado de ejecución;
b) Programas y proyectos, sus presupuestos, plazos, ejecución y supervisión;
c) Llamado a licitaciones, concursos, compras, gastos y resultados;
d) Listados de funcionarios, legisladores, magistrados, empleados,
categorías, funciones y remuneraciones, y la declaración jurada
patrimonial cuando su presentación corresponda por ley;
e) Listado de beneficiarios de programas asistenciales, subsidios, becas,
jubilaciones, pensiones y retiros;
f) Estado de cuentas de la deuda pública, sus vencimientos y pagos;
g) Leyes, decretos, resoluciones, disposiciones, marcos regulatorios y
cualquier otro tipo de normativa;
h) Índices, estadísticas y valores oficiales;
i) Marcos regulatorios legales y contractuales para la prestación de los
servicios públicos, condiciones, negociaciones, cuadros tarifarios,
controles y sanciones;
j) Toda otra información cuya disponibilidad al público sea dispuesta en
leyes especiales. -5-
Deberes del Estado, de sus Poderes e Instituciones
Artículo 4.- Será obligatorio para el Estado Dominicano y todos sus poderes,
organismos y entidades indicadas en el Artículo 1 de la presente ley,
brindar la información que esta ley establece con carácter obligatorio y de
disponibilidad de actualización permanente y las informaciones que fueran
requeridas en forma especial por los interesados. Para cumplir estos
objetivos sus máximas autoridades  están obligadas a establecer una
organización interna, de tal manera que se sistematice la información de
interés público, tanto para brindar  acceso a las personas interesadas,
como para su publicación a través de los medios disponibles.
Párrafo. La obligación de rendir información a quien la solicite, se extiende
a todo organismo legalmente constituido o en formación, que sea
destinatario de fondos públicos,  incluyendo los partidos políticos
constituidos o en formación, en cuyo  caso la información incluirá la
identidad de los contribuyentes, origen y destino de los fondos de
operación y manejo.
Artículo 5.- Se dispone la informatización y la incorporación al sistema de
comunicación por internet o a cualquier otro sistema similar que en el
futuro se establezca, de todos los  organismos públicos centralizados y
descentralizados del Estado, incluyendo el Distrito Nacional y los Municipios,
con la finalidad de garantizar a través de éste un acceso directo del
público a la información del Estado.
Todos los poderes y organismos del Estado deberán instrumentar la
publicación de sus respectivas “Páginas Web” a los siguientes fines:
a) Difusión de información: Estructura, integrantes, normativas de
funcionamiento, proyectos, informes de gestión, base de datos;
b) Centro de intercambio y atención al cliente o usuario: Consultas, quejas
y sugerencias;
c) Trámites o transacciones bilaterales.
La información a que hace referencia  el párrafo anterior, será de libre
acceso al público sin necesidad de petición previa.
Tipo de Información
Artículo 6.-  La  Administración  Pública, tanto centralizada como
descentralizada, así como cualquier otro órgano o entidad que ejerza
funciones públicas o ejecute presupuesto públicos, y los demás entes y
órganos mencionados en el artículo 1 de esta ley, tienen la obligación de
proveer la información contenida en  documentos escritos, fotografías, -6-
grabaciones, soportes magnéticos o digitales o en cualquier otro formato y
que haya sido creada  u obtenido por ella o  que se encuentre en su
posesión y bajo su control.
Párrafo. Se considerará como información,  a los fines de la presente ley,
cualquier tipo de documentación financiera relativa al presupuesto
público o proveniente de instituciones financieras del ámbito privado que
sirva de base a una decisión de naturaleza administrativa, así como las
minutas de reuniones oficiales.
CAPITULO II
DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE INFORMACIÓN Y
ACCESO A LAS INFORMACIONES
Artículo 7.- La solicitud de acceso a la información debe ser planteada en
forma escrita y deberá contener por lo menos los siguientes requisitos para
su tramitación:
a) Nombre completo y calidades de la persona que realiza la gestión.
b) Identificación clara y precisa de los datos e informaciones que requiere.
c) Identificación de la autoridad pública que posee la información.
d) Motivación de las razones por las  cuales se requieren los datos e
informaciones solicitadas.
e) Lugar o medio para recibir notificaciones.
Párrafo I. Si la solicitud no contiene todos los datos requeridos, la
Administración deberá hacérselo saber al solicitante a fin de que corrija y
complete los datos, para ello contará el ciudadano con el apoyo de la
oficina correspondiente designada por el órgano de la Administración
para recibir las solicitudes.
Párrafo II. Si la solicitud es presentada a una oficina que no es competente
para entregar la información o que no la tiene por no ser de su
competencia, la oficina receptora deberá enviar la solicitud a la
administración competente para la tramitación conforme a los términos de
la presente ley. En ningún caso la presentación de una solicitud a una
oficina no competente dará lugar al rechazo o archivo de una gestión de
acceso hecha por una persona interesada.
Párrafo III. En caso de que la solicitud deba ser rechazada por alguna de
las razones previstas en la presente ley, este rechazo debe ser comunicado
al solicitante en forma escrita en un  plazo de cinco (5)  días laborables,
contados a partir del día de la recepción de la solicitud.  -7-
Párrafo IV.  La  Administración  Pública, tanto centralizada como
descentralizada, así como cualquier otro órgano o entidad que ejerza
funciones públicas o ejecute presupuesto público, está en la obligación de
entregar información sencilla y accesible a los ciudadanos sobre los
trámites y procedimientos que éstos deben agotar para solicitar las
informaciones que requieran, las autoridades o instancias competentes, la
forma de realizar la solicitud, la manera de diligenciar los formularios que se
requieran, así como de las dependencias antes las que se puede acudir
para solicitar orientación o formular quejas, consultas o reclamos sobre la
prestación del servicio o sobre el ejercicio de las funciones o competencias
a cargo de la entidad o persona que se trate.
Plazo para entregar la Información
Artículo 8.- Toda solicitud de información  requerida en los términos de la
presente ley debe ser satisfecha en un plazo no mayor de quince (15) días
hábiles. El plazo se podrá prorrogar en forma excepcional por otros diez
(10) días hábiles en los casos que medien circunstancias que hagan difícil
reunir la información solicitada. En este caso, el órgano requerido deberá,
mediante comunicación firmada por la autoridad responsable, antes del
vencimiento del plazo de quince (15) días, comunicar las razones por las
cuales hará uso de la prórroga excepcional.
Artículo 9.- El incumplimiento de los plazos establecidos en el artículo
anterior, asimismo, cualquier conducta que violente, limite, impida, restrinja
u obstaculice el derecho de acceso a la información de acuerdo a lo que
establece la presente ley, constituirá para el funcionario una falta grave en
el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de la aplicación del régimen
sancionatorio que corresponda.
Silencio Administrativo
Artículo 10.-  Si  el  órgano  o  entidad  a  la  cual  se  le  solicita  la  información
dejare vencer los plazos otorgados para entregar la información solicitada
u ofrecer las razones legales que le impiden entregar las mismas, se
considerará como una denegación de la información y, por tanto, como
una violación a la presente ley, en  consecuencia, se aplicarán a los
funcionarios responsables las sanciones previstas en esta ley.
Forma de entrega de la información solicitada
Artículo 11.- La información solicitada  podrá ser entregada en forma
personal, por medio de teléfono, facsímil, correo ordinario, certificado o
también correo electrónico, o por medio de formatos disponibles en la
página de Internet que al efecto haya preparado la administración a la
que hace referencia el artículo 1 de esta ley.  -8-
Medios probatorios de las formas de entrega de la información
Artículo 12.- Deberá establecerse reglamentariamente un sistema de
demostración  de  la  entrega  efectiva  de  la  infamación  al  ciudadano,
tomando las previsiones técnicas correspondientes, tales como reglas de
encriptación, firma electrónica, certificados de autenticidad y reportes
electrónicos manuales de entrega.
Información previamente publicada
Artículo 13.-  En  caso  de  que  la  información  solicitada  por  el  ciudadano  ya
esté disponible al público en medios impresos, tales como libros,
compendios, trípticos, archivos públicos de la administración, así como
también en formatos electrónicos disponibles en Internet o en cualquier
otro medio, se le hará saber por medio fehaciente, la fuente, el lugar y la
forma en que puede tener acceso  a dicha información previamente
publicada.
Gratuidad
Artículo 14.- El acceso público a la información es gratuito en tanto no se
requiera  la  reproducción  de  la  misma.  En  todo  caso  las  tarifas  cobradas
por las instituciones deberán ser razonables y calculadas, tomando como
base el costo del suministro de la información.
Artículo 15.- El organismo podrá fijar tasas destinadas a solventar los costos
diferenciados que demande la búsqueda y la reproducción de la
información, sin que ello implique, en ningún caso, menoscabo del
ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Podrá, además,
establecer tasas diferenciadas cuando la información sea solicitada para
ser utilizada como parte de una actividad con fines de lucro o a esos fines;
y podrá exceptuar del pago cuando el pedido sea interpuesto por
instituciones educativas, científicas, sin fines de lucro o vinculadas como
actividades declaradas de interés público o de interés social.
Artículo 16.- La persona que se encuentre  impedida en el ejercicio del
derecho de acceso a la información podrá ejercer el Recurso de Amparo
consagrado en el Artículo 30 de la presente ley.
Limitación al acceso en razón de intereses públicos preponderantes
Artículo 17.- Se establecen con carácter taxativo las siguientes limitaciones
y excepciones a la obligación de informar del Estado y de las instituciones
indicadas en el Artículo 1 de la presente ley:
a) Información vinculada con la defensa o la seguridad del Estado, que
hubiera sido clasificada como “reservada” por ley o por decreto del -9-
Poder Ejecutivo, o cuando pueda afectar las relaciones internacionales
del país;
b) Cuando la entrega extemporánea de la información pueda afectar el
éxito de una medida de carácter público.
c) Cuando se trate de información que pudiera afectar el funcionamiento
del sistema bancario o financiero.
d) Cuando la entrega de dicha información pueda comprometer la
estrategia procesal preparada por la administración en el trámite de
una causa judicial o el deber de sigilo que debe guardar el abogado o
el funcionario que ejerza la representación del Estado respecto de los
intereses de su representación.
e) Información clasificada “secreta” en resguardo de estrategias y
proyectos científicos, tecnológicos,  de comunicaciones, industriales,
comerciales o financieros y cuya revelación pueda perjudicar el interés
nacional;
f) Información cuya difusión pudiera perjudicar estrategia del Estado en
procedimientos de investigación administrativa;
g) Cuando se trate de informaciones cuyo conocimiento pueda lesionar el
principio de igualdad entre los oferentes, o información definida en los
pliegos de condiciones como de acceso confidencial, en los términos
de la legislación nacional sobre contratación administrativa y
disposiciones complementarias.
h) Cuando se trate de informaciones referidas a consejos,
recomendaciones u opiniones producidas como parte del proceso
deliberativo y consultivo previo a la toma de una decisión de gobierno.
Una vez que la decisión gubernamental ha sido tomada, esta
excepción específica cesa si la administración opta por hacer
referencia, en forma expresa, a dichos consejos, recomendaciones u
opiniones.
i) Cuando se trate de secretos comerciales, industriales, científicos o
técnicos, propiedad de particulares o del Estado, o información
industrial, comercial reservada o confidencial de terceros que la
administración haya recibido en razón de un trámite o gestión instada
para obtener algún permiso, autorización o cualquier otro trámite y
haya sido entregada con ese único fin, cuya revelación pueda causar
perjuicios económicos.
j) Información sobre la cual no se pueda vulnerar el secreto impuesto por
leyes o decisiones judiciales o administrativas en casos particulares; -10-
k) Información cuya divulgación pueda dañar o afectar el derecho a la
intimidad de las personas o poner en riesgo su vida o su seguridad;
l) Información cuya publicidad pusiera  en riesgo la salud y la seguridad
pública, el medio ambiente y el interés público en general.
Limitación al acceso en razón de intereses privados preponderantes
Artículo 18.- La solicitud de información hecha por los interesados podrá ser
rechazada cuando pueda afectar intereses y derechos privados
preponderantes, se entenderá que concurre esta circunstancia en los
siguientes casos:
- Cuando se trate de datos personales cuya publicidad pudiera
significar una invasión de la privacidad personal. No obstante, la
Administración podría entregar estos datos e informaciones si en la
petitoria el solicitante logra demostrar que esta información es de
interés público y que coadyuvará a la dilucidación de una
investigación en curso en manos de algún otro órgano de la
administración pública.
- Cuando el acceso a la información solicitada pueda afectar el
derecho a la propiedad intelectual, en especial derechos de autor
de un ciudadano.
- Cuando se trate de datos personales, los mismos deben entregarse
sólo cuando haya constancia expresa, inequívoca, de que el
afectado consiente en la entrega de dichos datos o cuando una ley
obliga a su publicación.
Casos especiales en que se obtiene el consentimiento de la persona o
entidad con derecho a reservas de sus informaciones y datos.
Artículo 19.- Cuando el acceso a la información dependa de la
autorización o consentimiento de un  tercero protegido por derechos de
reservas o de autodeterminación informativa en los términos de los
Artículos 2 y 17 de esta ley, podrá entregarse la información cuando haya
sido dado el consentimiento expreso por parte del afectado. Este
consentimiento también podrá ser solicitado al afectado por la
administración cuando así lo solicite el peticionario o requeriente. Si en el
plazo de quince (15) días o de veinticinco (25) días, en el caso que se haya
optado por la prórroga excepcional, no hay demostración frente a la
administración requerida de que se haya dado el consentimiento al que se
refiere este artículo, se considerará, para todo efecto legal, que dicho
consentimiento ha sido denegado. -11-
Entrega de información y datos entre órganos de la administración
Artículo 20.- Cuando no se trate de datos personales, especialmente
protegido por derecho a la autodeterminación informativa del ciudadano,
las administraciones indicadas en el Artículo 1 de la presente ley podrán
permitir el acceso directo a las informaciones reservadas, recopiladas en
sus acervos, siempre y cuando sean utilizadas para el giro normal de las
competencias de los entes y órganos solicitantes y se respete, en
consecuencia, el principio de adecuación al fin público que dio sentido a
la entrega de la información.
Párrafo I.- En todo caso, los órganos de las administraciones solicitantes
deberán de respetar además del principio de adecuación al fin el principio
de reservas de las informaciones y documentos que reciban.
Párrafo II.-  El acceso a datos e información personal protegida por el
derecho reserva legal, sólo podrá ser admitida cuando la solicitud se base
en las argumentaciones derivadas del principio de necesidad, adecuación
y necesidad en sentido estricto que rigen en materia de lesión justificada
de derechos fundamentales.
Plazo de vigencia del término de reserva legal de informaciones
reservadas por interés público preponderante
Artículo 21.- Cuando no se disponga otra cosa en las leyes específicas de
regulación en materia reservadas, se considerará que el término de reserva
legal sobre informaciones y datos reservados acorde con lo dispuesto en el
Artículo 5 de esta ley sobre actuaciones y gestiones de los entes u órganos
referidos en el Artículo 1 de la presente ley es de cinco años. Vencido este
plazo, el ciudadano tiene derecho a acceder a estas informaciones y la
autoridad o instancia correspondientes estará  en  la  obligación  de  proveer
los medios para expedir las copias pertinentes.
Derechos de acceso a las informaciones públicas por parte de los medios
de comunicación colectiva
Artículo 22.- Las investigaciones periodísticas, y en general de los medios
de comunicación colectiva, sobre las actuaciones, gestiones y
cumplimientos de las competencias públicas conferidas a los órganos y
entes indicados en el Artículo 1 de  esta ley, son manifestación de una
función social, de un valor trascendental para el ejercicio del derecho de
recibir información veraz, completa, y debidamente investigada, acorde
con los preceptos constitucionales que regulan el derecho de información
y de acceso a las fuentes públicas.
Párrafo I. En virtud del carácter realizador de derechos fundamentales de
información a la libertad de expresión y al de promoción de las libertades -12-
públicas que tiene la actividad de los medios de comunicación colectiva,
esta debe recibir una especial protección y apoyo por parte de las
autoridades públicas.
Párrafo II. En virtud de este deber de protección y apoyo debe
garantizársele a los medios de comunicación colectiva y periodistas en
general, acceso a los documentos, actos administrativos y demás
elementos ilustrativos de la conducta de las mencionadas entidades y
personas, sin restricciones distintas a las consideradas en la presente ley
con relación a intereses públicos y privados preponderantes.
CAPITULO III
DE LOS DEBERES DE PUBLICACIÓN DE NORMAS DE CARÁCTER GENERAL, QUE
REGULEN LA FORMA DE PRESTACIÓN Y ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Deber de publicación de proyectos de reglamentos y de otras
disposiciones de carácter general.
Artículo 23.- Las entidades o personas que  cumplen funciones públicas o
que administran recursos del Estado  tienen la obligación de publicar a
través de medios oficiales o privados de amplia difusión, incluyendo
medios o mecanismos electrónicos y con suficiente antelación a la fecha
de su expedición, los proyectos de regulaciones que pretendan adoptar
mediante reglamento o actos de carácter general, relacionadas con
requisitos o formalidades que rigen las relaciones entre los particulares y la
administración o que se exigen a las  personas para el ejercicio de sus
derechos y actividades.
Forma de realizar la publicación en medios públicos y privados y por otros
medios y mecanismos electrónicos
Artículo 24.- Las entidades o personas que  cumplen funciones públicas o
que administren recursos del Estado deberán prever en sus presupuestos las
sumas necesarias para hacer publicaciones en los medios de
comunicación colectiva, con amplia difusión nacional, de los proyectos de
reglamentos y actos de carácter general, a los que se ha hecho referencia
en el artículo anterior.
Párrafo.- En los casos en que la entidad o persona correspondiente cuente
con un portal de Internet o con una página en dicho medio de
comunicación, deberá prever la existencia de un lugar específico en ese
medio para que los ciudadanos puedan obtener información sobre los
proyectos de reglamentación, de regulación de servicios, de actos y
comunicaciones de valor general, que determinen de alguna manera la
forma de protección de los servicios  y  el  acceso  de  las  personas  de  la -13-
mencionada entidad. Dicha información deberá ser actual y explicativa
de su contenido, con un lenguaje entendible al ciudadano común.
Artículo 25.- Las entidades o personas que  cumplen funciones públicas o
que administren recursos del Estado podrán ser relevadas del deber de
publicación de los proyectos de reglamentación y de actos de carácter
general sobre prestación de servicios en los siguientes casos:
a) Por razones de evidente interés público preponderante.
b) Cuando pueda afectar la seguridad interna del Estado o las relaciones
internacionales del país.
c) Cuando una publicación previa pueda generar desinformación o
confusión general en el público.
d) Cuando por la naturaleza de la materia reglada en el acto de carácter
general sea conveniente no publicar  el texto ya que podría provocar
en la colectividad algún efecto negativo nocivo al sentido normativo
de la regulación.
e) Por razones de urgencia, debidamente probada, que obliguen a la
administración correspondiente o a la persona que ejecuta
presupuestos públicos a actuar de forma inmediata, aprobando por los
canales previstos en el ordenamiento jurídico la disposición de carácter
general sin el requisito de publicación previa del proyecto.
CAPITULO IV
RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y JURISDICCIONALES
Artículo 26.- El principio general que habrá de respetarse siempre es que la
información debe ser ofrecida en el tiempo fijado y que toda denegatoria
de entrega de información debe hacerse en forma escrita, indicando las
razones legales de dicha denegatoria.
Párrafo I. Cuando la información se deniegue por razones de reserva o
confidencialidad de la información, deberá explicarse al ciudadano dicha
circunstancia, indicando el fundamento legal.
Párrafo II. Cuando la denegatoria se deba a razones de reservas, el
derecho de recurrir esta decisión por ante la autoridad jerárquica superior
del ente u órgano que se trate, a  fin de que esta  resuelva en forma
definitiva acerca de la entrega de los datos o información solicitada. -14-
Recurso jerárquico ante la Administración Pública
Artículo 27.- En todos los casos en que el solicitante no esté conforme con
la decisión adoptada por el organismo o la persona a quien se le haya
solicitado la información podrá recurrir esta decisión por ante la autoridad
jerárquica superior del ente u órgano que se trate, a fin de que ésta
resuelva en forma definitiva acerca de la entrega de los datos o
información solicitada.
Recurso ante el Tribunal Contencioso Administrativo
Artículo 28.- Si la decisión del organismo jerárquico tampoco le fuere
satisfactoria, podrá recurrir la decisión ante el Tribunal Superior
Administrativo en un plazo de 15 días hábiles.
Recurso de Amparo
Artículo 29.- En todos los casos en que el organismo o la persona a quien se
le haya solicitado la información no ofrezca ésta en el tiempo establecido
para ello, o el órgano o ente superior jerárquico no fallare el recurso
interpuesto en el tiempo establecido, el interesado podrá ejercer el
Recurso  de  Amparo  ante  el  Tribunal Contencioso Administrativo con el
propósito de garantizar el derecho a la información previsto en la presente
ley.
Párrafo I. La persona afectada interpondrá este recurso mediante instancia
en que especificará las gestiones realizadas y el perjuicio que le pudiere
ocasionar la demora. Presentará, además, copias de los escritos mediante
los cuales ha solicitado la información o ha interpuesto el recurso
jerárquico.
Párrafo II. Si el recurso fuere procedente,  el Tribunal requerirá del órgano
correspondiente de la administración pública informe sobre la causa de la
demora y fijará un término breve y perentorio para la respuesta.
Contestado el requerimiento o vencido  el plazo para hacerlo, el Tribunal
dictará la Resolución que corresponda, en amparo del derecho lesionado,
en la cual fijará un término al órgano de la Administración Pública para
que resuelva sobre la petición de información de que se trate.
CAPITULO V
DE LAS SANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS
Impedimento u obstrucción del acceso a la información
Artículo 30.- El funcionario público o agente responsable que en forma
arbitraria denegare, obstruya o impida el acceso del solicitante a la
información requerida, será sancionado con pena privativa de libertad de -15-
seis meses a dos años de prisión, así como con inhabilitación para el
ejercicio de cargos públicos por cinco años.
CAPITULO V
DISPOSICIÓN FINALES
Artículo 31.- El acceso a las informaciones relativas a expedientes y actas
de carácter administrativo que  se encuentren regulados por leyes
especiales serán solicitadas y ofrecidas de acuerdos con los preceptos y
procedimientos que establezcan dichas leyes, pero en todos los casos
serán aplicables las disposiciones de los Artículos 27, 28, 29, 30 y 31 de la
presente ley relativas a los recursos administrativos y jurisdiccionales.
Artículo 32.- Dentro del plazo de noventa (90) días, contados a partir de la
fecha de promulgación de la presente ley, el Poder Ejecutivo deberá
dictar su reglamento de aplicación. Dentro del mismo plazo deberá tomar
las medidas necesarias para establecer las condiciones de funcionamiento
que garanticen el cumplimiento de todas las disposiciones contenidas en
la presente ley.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del congreso Nacional,
en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, en Santo Domingo de
Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los trece
(13) días del mes de abril del año dos  mil cuatro (2004), años 161º de la
Independencia y 141º de la Restauración.
Firmados:
Jesús Vásquez Martínez, Presidente.
Melania Salvador de Jiménez, Secretaria.
Sucre Antonio Muñoz Acosta, Secretario.
Dada  en  la  Sala  de  Sesiones  de  la  Cámara  de  Diputados,  Palacio  del
Congreso Nacional, en Santo Domingo  de Guzmán, Distrito Nacional, en
Santo Domingo de Guzmán, Distrito  Nacional, capital de la República
Dominicana, a los trece (13) días del mes de julio del año dos mil cuatro
(2004), años 161º de la Independencia y 141º de la Restauración.
Firmados:
Alfredo Pacheco Osoria, Presidente.
Néstor Julio Cruz Pichardo, Secretario ad-hoc.
Ilana Neumann Hernández, Secretaria.


Fuente: http://www.periodismo-aip.org/images/documentos/ley_2.pdf

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